La Corte Suprema falla a favor de sospechoso de drogas

Washington — La policía se equivocó al no obtener una orden de cateo extendida antes de colocar un dispositivo de rastreo en el carro de un sospechoso de drogas, dijo la Corte Suprema en una decisión unánime el lunes.

La mayoría de los jueces dijo que colocar el dispositivo en secreto y monitorear los movimientos del hombre durante varias semanas constituyó una "búsqueda" del gobierno y, por lo tanto, se violaron los derechos constitucionales del hombre.

Cuatro jueces más también concluyeron que la búsqueda fue impropia, pero dijeron que fue porque el monitoreo durante un mes violó la expectativa de privacidad del sospechoso.

Esa diferencia de análisis legal puede crear más confusión entre las autoridades sobre cuándo y por cuánto tiempo pueden usarse tales operaciones de alta tecnología, tanto en sospechosos de delitos como en el público en general.

La cuestión era si el movimiento en un vehículo privado por las calles de la ciudad es de naturaleza "pública".

La creciente sofisticación de los dispositivos electrónicos para monitorear los movimientos de los sospechosos hizo que esta cuestión estuviera lista para revisión, ya que los tribunales inferiores no estaban de acuerdo sobre cuándo es permisible tal vigilancia sin una orden judicial.

Los dispositivos envían una señal electrónica a un satélite, lo que permite trazar en tiempo real el paradero de alguien.

Antoine Jones era copropietario de Levels, un club nocturno de Washington cuando se sospechó que traficaba cocaína por su cuenta. Un equipo conjunto del FBI y la policía de D.C. colocó en secreto un dispositivo GPS en su Jeep fuera de los términos de una orden judicial.

Se había concedido una orden judicial, pero la instalación del dispositivo GPS fue autorizada por un juez solo dentro de 10 días y solo en el Distrito de Columbia. Los agentes esperaron hasta el 11th día para colocarlo en secreto en el vehículo, y lo hicieron en Maryland, estado vecino. Luego Jones fue monitoreado durante 28 días mientras conducía por la zona.

Finalmente se le rastreó hasta una casa, donde los oficiales de la ley descubrieron casi 100 kilogramos del narcótico ilegal, junto con alrededor de $850,000 en efectivo. Más tarde, Jones fue sentenciado a cadena perpetua.

Se le pedía a la corte decidir si esa vigilancia encubierta violaba la Cuarta Enmienda y si en este caso debía considerarse una "búsqueda", una "incautación", o ambas.

Los jueces coincidieron en que la policía violó los derechos de Jones, pero no estuvieron de acuerdo sobre por qué exactamente.

La Cuarta Enmienda de la Constitución dice: "El derecho del pueblo a estar seguro en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado."

Antonin Scalia escribió para una mayoría de cinco votos que la propiedad de una persona es legalmente sagrada, y el gobierno tuvo que justificar colocar un dispositivo GPS en el vehículo. Scalia dijo que la era electrónica no cambia un concepto de siglos de antigüedad.

"El gobierno ocupó físicamente propiedad privada con el propósito de obtener información", dijo la decisión. "No tenemos duda de que tal intrusión física se habría considerado una 'búsqueda' dentro del significado de la Cuarta Enmienda cuando fue adoptada."

El presidente de la Corte John Roberts y los jueces Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Sonia Sotomayor estuvieron de acuerdo con las conclusiones.

Pero un grupo de cuatro jueces encabezado por Samuel Alito concluyó que el razonamiento de la mayoría era "artificial" y no abordó preocupaciones legales más amplias sobre las búsquedas en la era digital, incluido el GPS. Dijo que la corte debió haber usado este caso para aclarar los límites del monitoreo policial de dispositivos personales de comunicación inalámbrica como los teléfonos celulares y el uso de Internet.

"La disponibilidad y el uso de estos y otros dispositivos seguirán moldeando las expectativas de la persona promedio sobre la privacidad de sus movimientos diarios", escribió Alito. "En circunstancias que involucren un cambio tecnológico dramático, la mejor solución a las preocupaciones sobre privacidad puede ser legislativa."

Pero el Congreso de EE. UU. y la mayoría de los estados no se han puesto al día con los tiempos, dijo Alito, dejando a los tribunales la tarea de resolver qué nivel de privacidad puede esperar un ciudadano.

Dijo que en este caso, cuatro semanas de rastreo fueron más que suficientes para justificar que la policía obtuviera una orden de cateo.

Alito fue respaldado por las juezas Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Elena Kagan.

Los jueces tienen otro caso pendiente que podrían decidir abordar, de un recluso de Oregón que enfrentó circunstancias similares. La policía había colocado un dispositivo GPS en el auto de Juan Pineda-Moreno mientras estaba estacionado en su propiedad. Luego, los oficiales lo siguieron hasta un campo remoto de marihuana que estaba cultivando. Fue declarado culpable y sentenciado a más de cuatro años tras las rejas.

A diferencia de Jones, un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que esto no era un "registro", así que no se requería una orden para colocar el dispositivo en la Jeep Cherokee de Pineda-Moreno. Se confirmó su condena.

Los jueces aún no han tomado ninguna medida sobre la apelación de Oregón, quizá esperando resolver el asunto con la apelación de Jones de Washington.

El caso actual es U.S. v. Jones (10-1259).

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