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Las pruebas de sangre en casos de manejo en estado de ebriedad dividen a la Corte Suprema - Law Offices of Tim Powers, Denton, Texas
Los choques automovilísticos relacionados con el alcohol matan a unas 10,000 personas cada año en Estados Unidos y las autoridades quieren más flexibilidad para determinar si un sospechoso de manejo en estado de ebriedad…
Los choques automovilísticos relacionados con el alcohol matan a unas 10,000 personas cada año en Estados Unidos y las autoridades quieren más flexibilidad para determinar si un sospechoso de manejar ebrio está, de hecho, por encima del límite legal.
Pero la Corte Suprema estuvo claramente dividida en los argumentos orales del miércoles sobre si la policía puede obtener una prueba de sangre sin una orden judicial para determinar los niveles de intoxicación.
"Una de las cosas que creo que afecta la visión en este caso es: es una imagen bastante aterradora de alguien inmovilizado, y un representante del estado acercándose con una aguja", dijo el presidente de la Corte, John Roberts.
Los jueces como grupo parecieron reacios a emitir una regla tajante para cualquiera de los dos lados y les costó obtener una respuesta clara sobre cuánto tiempo puede transcurrir antes de que la policía pueda razonablemente prescindir de órdenes judiciales y ordenar pruebas de sangre.
La mitad de los estados de EE. UU. prohíben las pruebas de sangre sin orden judicial en casos "comunes" de manejo en estado de ebriedad.
La apelación involucra el caso de Tyler McNeely, 25, quien fue detenido en medio de la noche hace dos años por exceso de velocidad cerca de Cape Girardeau, Missouri.
No pasó cuatro pruebas de sobriedad en el campo y luego se negó a realizar una prueba portátil de Breathalyzer en el lugar, muestran los registros. McNeely dijo que no daría su consentimiento para una prueba de aliento en la cárcel y fue llevado a un hospital.
El agente ordenó unilateralmente una prueba de sangre pese a las objeciones de McNeely y la lectura de alcohol en sangre fue casi el doble del límite legal del estado.
Posteriormente, los tribunales estatales se dividieron sobre si la prueba podía admitirse como evidencia, lo que dio lugar a la apelación ante la Corte Suprema.
Las autoridades quieren flexibilidad para llevar a cabo estos "registros" sin órdenes judiciales, diciendo que el alcohol se disipa con el tiempo y que los retrasos para que un juez autorice una muestra de sangre pueden significar una justicia negada.
John Koester, Jr., un fiscal asistente, dijo durante los argumentos que los hechos de la situación favorecen excepciones al requisito de orden judicial, básicamente dándole al agente en el campo el beneficio de la duda en la mayoría de los casos.
El agente que arrestó a McNeely temía que obtener una orden judicial llevaría una "cantidad considerable de tiempo", quizá de 90 minutos a dos horas, en esa zona rural del estado.
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Los registros judiciales muestran que el tiempo transcurrido entre la detención inicial y la prueba de sangre fue de aproximadamente 30 minutos.
Los defensores de los derechos civiles dicen que este tipo de procedimientos médicos "invasivos" son innecesarios e inconstitucionales, en ausencia de circunstancias extraordinarias que eliminen la necesidad de una orden judicial.
La Cuarta Enmienda protege contra el registro e incautación irrazonables y permite órdenes judiciales solo en casos de causa probable.
La jueza Sonia Sotomayor planteó ese tema al abogado del estado.
"¿Cómo puede ser razonable prescindir de la Cuarta Enmienda en un procedimiento tan intrusivo como una aguja entrando en el cuerpo de alguien?", preguntó. "La decisión que tomemos hoy va a cambiar eso y va a —si es a su favor— cambiar eso y dejar la marca de la corte en: Usen la forma más intrusiva que ustedes [la policía] puedan para probar su caso."
Pero el juez Antonin Scalia dijo que por lo general solo había una razón práctica para que los sospechosos insistieran en una orden judicial.
"¿Qué cree que realmente obtendría su cliente del requisito de la orden judicial, aparte del retraso que implicaría permitir que su nivel de alcohol en la sangre se reduzca por sí solo?", le preguntó al abogado de McNeely. "No veo cómo el magistrado independiente [que firma la orden] le va a servir de mucho, excepto por el hecho de que retrasará el proceso."
Los jueces han dicho que el requisito de orden judicial puede suspenderse bajo circunstancias extraordinarias, como el riesgo de poner en peligro vidas o destruir evidencia. Pero la corte también ha dicho que las intrusiones del estado en el propio cuerpo de una persona generalmente requieren revisión y aprobación previas de un juez.
"No había nada que distinguiera este caso en los hechos de otros casos en los hechos" en los que se obtuvo legalmente una orden judicial," dijo la jueza Ruth Bader Ginsburg.
La administración de Obama respalda a Missouri, diciendo que hay un fuerte interés federal en disuadir el manejo en estado de ebriedad.
Un abogado del Departamento de Justicia dijo que las muestras de sangre suelen ser más precisas que las pruebas de aliento.
El juez Samuel Alito, ex fiscal federal de Estados Unidos, dijo que su experiencia era que muchos magistrados eran "poco receptivos a recibir solicitudes de órdenes judiciales en medio de la noche", lo que hace poco práctico en muchas jurisdicciones obtener una orden oportuna.
Steven Shapiro, director legal de la American Civil Liberties Union, que representó a McNeely, dijo que no había "duda alguna" de que usar una aguja desencadena un requisito de orden judicial.
Ni los estados ni los sospechosos de delitos en general deberían esperar una decisión clara a su favor. Es más probable que la corte emita una opinión matizada.
Una victoria que permitiera extracciones automáticas de sangre no impediría que otros estados mantuvieran normas estrictas para su uso. De hecho, la simple amenaza de una aguja podría ser incentivo suficiente para que los conductores sospechosos de manejar ebrios acepten pruebas de aliento menos invasivas.
Ambas partes reconocen que esa dinámica ya existe en muchos casos.
Pero si McNeely prevalece, es posible que la policía deba adoptar pautas más amplias sobre las políticas de pruebas, reduciendo las excepciones de emergencia al requisito de orden judicial.
El efecto práctico puede ser obligar a la policía a simplificar y acelerar el proceso de la orden judicial, de modo que los conductores ebrios sean evaluados antes de que sea demasiado tarde para preservar la evidencia.
El caso es Missouri v. McNeely (11-1425). La decisión se espera para la primavera.
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*Tim Powers es un abogado autorizado para ejercer la abogacía por la Corte Suprema de Texas. Nada en este artículo pretende ser asesoría legal. Para obtener asesoría legal sobre cualquier pregunta legal específica, debe consultar directamente a un abogado.
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